Con votación dividida y reclamos por cambios de criterios sorpresivos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los senadores electos por Nuevo León, Víctor Oswaldo Solís del PAN y Samuel García de Movimiento Ciudadano, recibieron aportaciones prohibidas, por lo que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) cuantificarlas y sumarlas a sus gastos de campaña.

El plazo dado al INE es de 5 días, en que deberá estimar el beneficio obtenido por los senadores electos por el uso de marcas comerciales, para en su caso determinar si estos rebasaron o no los límites de gasto permitidos.

En sesión que el TEPJF realiza esta madrugada, al filo del plazo de ley para resolver los recursos de reconsideración relativos a elecciones de senadores y diputados, los magistrados dieron parcialmente la razón a alegatos de Morena, PRI, PVEM, pero no se anuló la elección de senadores por Nuevo León.

De acuerdo a lo denunciado, el senador electo por el PAN usó ropa con sus iniciales, propaganda electoral y además marcas como Disney, Star Wars, imágenes de Homero Simpson con las iniciales del candidato y logo del PAN, entre otros emblemas comerciales.

En el caso de García, usó las marcas Home Depot, Banca Afirme, Cemex, Cemento Tolteca, Femex Fut, Cemex y playeras de Tigres de Nuevo León además de que modificó algunas prendas para presentarlas como propaganda electoral usadas junto a un futbolista.

De acuerdo a la sentencia se comprobó que de manera sistemática “los candidatos se apropiaron o aprovecharon indebidamente de marcas” para generar un mayor alcance de su propaganda electoral y ésta se constituyó en una “propaganda integrada con fines electorales, al generarse un mensaje sobre la identidad entre la publicidad comercial y la propaganda electoral; es decir, como si fuesen una sola”.

Los magistrados dejaron en claro que el TEPJF no se pronuncia respecto a si hay rebase o no de tope de gasto o si la aportación es determinante o no en relación a estas candidaturas de PAN y Movimiento Ciudadano.

Además concluyeron que las empresas no fueron responsables del uso de sus marcas con fines electorales.